La UE avisó al menos 6 veces de que Sánchez debía proteger a los niños ante el ‘apartheid’ lingüístico

Al menos en seis ocasiones, la Comisión Europea avisó que los Estados deben proteger los derechos de sus ciudadanos, en alusión a la discriminación lingüística en Cataluña. Así resolvió el organismo comunitario varias preguntas por escrito de eurodiputados españoles que, en diferentes momentos, hicieron saber su preocupación por el incumplimiento por parte de la Generalitat del mandato judicial y constitucional de enseñar español en las aulas y el señalamiento a alumnos castellanoparlantes.

‘Decretazo’

El Gobierno catalán ha desafiado en los últimos días a la Justicia con un decreto en el que rechaza cumplir la sentencia que obliga a impartir un 25% de las clases en castellano. Dicho decreto expresa abiertamente la «inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas», es decir, descarta fijar una cuota mínima de castellano, como le obliga la Justicia. Los colegios públicos y concertados tendrán que «elaborar un proyecto lingüístico […] que siga los criterios fijados por el departamento competente en materia de educación» o, lo que es lo mismo, por la propia consejería de Educación.

Para asegurarse de su cumplimiento, el Govern independentista ha trasladado a los directores de las escuelas unas «instrucciones» en las que se insta a «verificar» que el proyecto lingüístico de sus colegios se «adecúa» al decreto contrario al mandato judicial. Entre otras cuestiones, se pregunta si «el proyecto lingüístico prevé que el catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular de aprendizaje» y si «evita la utilización de porcentajes en la enseñanza y uso de lenguas». Si no es así, el centro deberá modificarlo.

Partido Popular y Ciudadanos ya han avanzado que presentarán un recurso de inconstitucionalidad en el caso de que la Generalitat no respete a la Justicia. «Lamentablemente, ante un Gobierno que prefiere la alianza con ERC al cumplimiento de las leyes en Cataluña, ante un Gobierno que prefiere mantenerse en el Gobierno cercenando los derechos y las libertades de los catalanes, tenemos que reaccionar», ha avisado Alberto Núñez Feijóo.

Avisos

Pese a este incumplimiento, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha mostrado por ahora intención alguna de recurrir el decreto lingüístico y se ha limitado a pedir a la Generalitat que cumpla con la sentencia. Un movimiento del todo insuficiente para salvaguardar los derechos de los menores en Cataluña.

La UE ha venido pronunciándose desde hace tiempo ante los sucesivos incumplimientos del Gobierno catalán en materia lingüística, y con un mandato claro: son los Estados miembros los que deben «garantizar el respeto de las obligaciones en materia de derechos fundamentales derivadas de sus respectivos órdenes constitucionales y de sus compromisos internacionales».

En sucesivas respuestas a la oposición, las autoridades europeas recuerdan, además, «el respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta»), incluido el derecho a la no discriminación por razón de lengua».

«Los Estados miembros conservan la responsabilidad de los contenidos de la enseñanza y de la organización de sus sistemas educativos», destacan en una respuesta remitida a los eurodiputados del Partido Popular, Dolors Montserrat y Javier Zarzalejos. La Comisión insiste en que los Estados son los responsables de regular el uso de las lenguas nacionales y regionales, respetando los derechos fundamentales.

También a preguntas de Ciudadanos sobre la «discriminación de los menores por razón de lengua» en Cataluña, las autoridades comunitarias responden que: «Toda discriminación por razón de lengua está expresamente prohibida» y que «el régimen lingüístico» corresponde a los Estados.

«Los estados miembros son los únicos responsables de regular el estatuto jurídico y la utilización de las lenguas nacionales y regionales en su territorio», insiste la Comisión.